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   Editorial de la Quincena del 01 al 06/MARZO/2016                                         
 

                                Por considerarla de interés para los ciudadanos, publicamos la misma como editorial

 

 

Opaci: otra gran estafa al pueblo



Otro gran negociado que pasa desapercibido en medio del cúmulo de barbaridades que se perpetran en la Administración Pública es el de las licencias de conducir automotores o “registros”, según se la conoce comúnmente. Desde el reconocimiento de la personería jurídica de esta extraña organización llamada Opaci en el año 1965, se le dio la atribución de percibir una parte de la tarifa de expedición de registros de conducir. Desde entonces nadie sabe para qué sirvió la misma, pues no existen rastros de que cumpla ninguno de los objetivos declarados en su estatuto. Excepto la de recaudar, naturalmente. Entidades como la Opaci hace tiempo están manejadas por claques de políticos inescrupulosos enchufados a las tetas de la recaudación tributaria, haciéndose millonarios a costa de la exacción sistemática. Es imperdonable que el presidente Horacio Cartes, quien prometió al país un “nuevo rumbo” cuando se postuló al cargo, continúe prestándose a que personas de su “primer anillo”, como le dicen, continúen campantemente robándole dinero al pueblo.

Otro gran negociado que pasa desapercibido en medio del cúmulo de barbaridades que se perpetran en la Administración Pública es el de las licencias de conducir automotores o “registros”, según se la conoce comúnmente.

Según cálculos que se efectúan con base en las cifras oficiales, el año pasado se registraron casi 1.700.000 automotores terrestres, comprendiendo todas sus variedades. Si se estimara un mínimo de dos registros de conducir por cada unidad de estas, y se multiplicase por los veinte mil guaraníes que Opaci recibe por cada carné, entonces se tendrían unos 68.000 millones de guaraníes de recaudación cada año, plata dulce, sin contraprestación de ningún tipo a las comunas, mucho menos, por supuesto, a la ciudadanía.

Según el último informe oficial, del año 2010, sin embargo, sus ingresos fueron solo de 22.000 millones.

Por otra parte, se sabe que las municipalidades del interior consideran la expedición de registros un rubro de ingreso económico más. No toman exámenes de aptitudes, no exigen certificados médicos, no controlan los antecedentes personales, nada. Se trata de un mero trámite. En realidad, por consiguiente, también es plata dulce para ellos y para Opaci.

Desde el reconocimiento de la personería jurídica de esta extraña organización en el año 1965, se le dio la atribución de percibir una parte de la tarifa de expedición de registros de conducir. Desde entonces nadie sabe para qué sirvió la Opaci, pues no existen rastros de que cumpla ninguno de los objetivos declarados en su estatuto. Excepto el de recaudar, naturalmente.

La promulgación de la Ley Nº 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” y la creación de su autoridad de aplicación: la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) no innovó nada en esta materia. Ahora, mediante una resolución, el director ejecutivo de esta entidad decide que “A partir del 1 de abril del 2016 todas las municipalidades del país deberán expedir las licencias de conducir de conformidad con el Modelo Unificado, aprobado por la ANTSV”.

Lo hace en virtud de la atribución que le otorga el Art. 5º de su ley orgánica, la cual establece: “Son autoridades de reglamentación, aplicación y ejecución de la presente Ley la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y supletoriamente los organismos nacionales y municipales involucrados en la temática vial, citados en el Artículo 7º de la presente Ley, atendiendo a las circunstancias de cada caso”.

¿Dónde está metida la Opaci en todo esto? Aparece en el Art. 15, inc. i de dicha ley, donde cita las funciones de la ANTSV: “Coordinar con las Municipalidades, a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”.

Todo lo cual lleva a preguntar: ¿Qué clase de organismo es la Opaci? Si se mira la cita que de ella hace la ley, se diría que es de naturaleza pública. Pero si se lee su definición, expresada en el Art. 1º de su estatuto: “La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, en adelante Opaci, es la Asociación de carácter nacional de las municipalidades del país, en conformidad con el art. 171, in fine, de la Constitución Nacional, de utilidad pública y sin fines de lucro”, resulta que parece ser de índole no gubernamental.

Para hacer más confuso todo, en su estatuto se declara expresamente que la asociación a Opaci es voluntaria. Es decir, si eventualmente a alguna municipalidad no le interesara pertenecer o continuar perteneciendo a Opaci, no debería tener ningún inconveniente. Excepto a la hora de tener que expedir registros de conducir, para lo cual no podrá prescindir de ella. Entonces, ¿es o no obligatoria la asociación?

Si todas las municipalidades están asociadas a la Opaci (con la reciente excepción de la de Tobatí, que acaba de renunciar), y dependen de ella para el trámite de los registros, parece obvio que, en realidad, posee atribuciones de imperatividad fiscal, propias de un organismo público creado para recaudar. O sea, se trata de un híbrido.

Ninguna confusión ni conflicto legal de estos, en realidad, les interesa mucho a los miembros de estos organismos ni a los legisladores que redactaron las leyes citadas, simplemente porque entidades como Opaci hace tiempo están manejadas por claques de políticos inescrupulosos enchufados a las tetas de la recaudación tributaria, haciéndose millonarios a costa de la exacción sistemática. En este caso, disfrutan de un sistema inteligentemente orquestado: “Nadie va a armar un escándalo por 20.000 guaraníes”, habrán argüido. Y hasta ahora tuvieron plena razón.

La médula viciosa no radica en los veinte mil guaraníes, evidentemente, sino en la gran estafa al pueblo que se esconde detrás de estas aparentemente pequeñas cantidades. Para peor, acaban de crear una nueva fuente de ingreso: un “test psicofísico”, precondición para el otorgamiento del registro de conducir, que también monopolizará Opaci, cobrando treinta mil guaraníes por el “servicio”.

Nótese, además, que quienes manejan Opaci son siempre las mismas personas, lo cual, de por sí, habla muy claro de qué clase de “asociación” se trata.

Los cerebros de la “tragada” seguramente ya pasaron a comandar las acciones de ANTSV, al menos en lo que respecta a los ingresos provenientes de las licencias de conducir. Para saber por qué funciona este “fatazo” hay que tener en cuenta, sabiendo cómo se manejan estos negociados en nuestro país, que el actual presidente de Opaci, Ricardo Núñez (irregularmente reelecto después de haber perdido la condición de intendente municipal), es hermano de un diputado por la ANR (Óscar) y de un tal “Bachi” Núñez, del que se dice funge de “asesor político” del presidente Cartes; se trata, por consiguiente, de tres personas muy cercanas al poder fáctico.

Es una lástima cómo todos los organismos creados en nuestro país con orígenes legítimos y nobles objetivos expresados en sus leyes orgánicas o estatutos acaban pudriéndose en manos de políticos astutos, ladrones de cuello blanco, con una voracidad propia de tiburones, muy hábiles para enviciar a muchos otros funcionarios e ir conformando con ellos verdaderas gavillas de corruptos. En Opaci tenemos otro buen ejemplo de estos procesos.

Es imperdonable que el presidente Horacio Cartes, quien prometió al país un “nuevo rumbo” cuando se postuló al cargo, continúe prestándose a que personas de su “primer anillo”, como le dicen, continúen campantemente robándole dinero al pueblo. Y si a él no le interesa corregir la irregularidad, como debiera, a la luz de todas las pruebas existentes, es para preguntarse para qué sirve la oposición política en una democracia.


Fuente: http://www.abc.com.py///030216